La educación y la salud no son gratuitas, como afirma el gobierno

Los contratos colectivos de trabajo, —los comunes en las empresas estatales— dejan claro que se le descuenta al trabajador mensualmente el 33 % de su salario. El 11 % para sufragar los gastos del estado en educación, el 11 % para sufragar los de la salud y el otro 11 % para sufragar los gastos de la seguridad social. Si los salarios miserables que paga el estado a sus asalariados no le permite tener una recaudación sustantiva con el 33 % de descuentos, el problema no es responsabilidad de los trabajadores.
                                                                   Pero estos servicios no son par

a nada gratuitos, los han venido pagando todos los trabajadores cubanos durante toda su vida laboral y varias generaciones de cubanos. Lo más penoso del asunto es que todos los “líderes sindicales” del país desde la base hasta los “cuadros nacionales” de la CTC saben perfectamente este descuento mensual del 33 % a los trabajadores y se quedan callados y sumisos frente al discurso oficial de la gratuidad de los servicios de educación y salud.
Las pensiones en Cuba no superan los 8,3 dólares al mes como promedio, lo cual nos dice que por debajo de esa cifra también hay muchísimos retirados que tienen un ingreso por debajo de 200 pesos cubanos al mes, de manera tal que sólo los pensionados en Cuba que significan más del 16 % de la población total del país, según el último censo de población y vivienda del 2012, están muy por debajo del nivel de pobreza crítica que establece el ingreso mínimo per cápita del PNUD.
¿Cuál fue la mitad de desnutrición y pobreza extrema eliminada por el gobierno que proclama su cumplimiento de los objetivos del Milenio? Las cifras no se pueden consultar ni deducir pues son un secreto, un asunto de “Seguridad del Estado”. Nos tenemos que conformar con las declaraciones de Granma y la felicitación de la FAO al gobierno; ¿y las cifras?
La falta de información y la falta de transparencia del gobierno cubano, son dos derechos humanos que no respeta el gobierno cubano. Pero la imagen que da sobre los derechos sociales distan abismalmente de la realidad. Nada dice el gobierno sobre el déficit de médicos cubanos en la Isla por la cantidad que envía a misión en el exterior como principal rubro de exportación. Nada dice del déficit de medicinas ni de las condiciones paupérrimas de los hospitales para la población —no incluyo las clínicas especiales para los dirigentes y extranjeros. Nada dice de las condiciones de las escuelas, ni del salario irrisorio de los maestros y profesores.

Ya vendrán muchos a explicarnos que el bloqueo de EEUU, es el causante de los salarios miserables de los trabajadores cubanos, porque las políticas económicas del gobierno cubano han sido eficientes o con algunos errores porque humano es errar, pero es el bloqueo el causante de todo. También el bloqueo/embargo impidió la eficiencia de la utilización de los recursos durante treinta años de subsidio soviético.
El bloqueo/embargo inhibe la publicación de las cifras y también justifica que se le mienta a la población proclamando la gratuidad de los servicios de educación y salud. También justifica que el canciller Bruno Rodríguez Padilla “haga cuentos de hadas” al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el estado de los derechos humanos en Cuba y su negativa a las inversiones que no sean “millonarias”, son frutos del bloqueo/embargo.
Frente a todas esas justificaciones exteriores a las responsabilidades del gobierno nacional, sólo nos queda dos soluciones posibles: o arrancamos la Isla de la base de coral en el cual está afincada y antes claro, sometemos a referéndum popular adónde nos vamos a situar como territorio en el mapamundi, —seguro que cerquita del gigante Chino o del autócrata Putin, según los gustos de los actuales gobernantes y así no nos afecta el bloqueo/embargo— o cambiamos al gobierno de turno para que otro elegido libremente, y que esté dispuesto a asumir sus responsabilidades rinda cuentas por su falta de pasos constructivos para propiciar el levantamiento del bloqueo/embargo y por los servicios sociales —hoy demasiado precarios— que el actual gobierno se ufana en declarar “gratuitos y que no hay nadie desamparado en el país”; una broma de muy mal gusto que dura demasiado tiempo.